El Gobierno de Navarra ha anunciado dos paquetes de ayudas, dotados con 5,8 y 12,6 millones de euros, respectivamente, destinados a mitigar el impacto del incremento del precio del gasóleo y a favorecer la transición hacia la movilidad eléctrica.
Por un lado, el Gobierno de Navarra destinará 5,8 millones de euros a ayudas para reducir el impacto del encarecimiento del gasóleo, una medida de especial interés para las empresas de transporte de viajeros por carretera, debido al peso que representa el combustible en sus costes de explotación.
En el ámbito del transporte en autobús, las ayudas extraordinarias al gasóleo profesional se dirigen a los titulares de vehículos que tienen derecho a la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos, conforme a los requisitos establecidos en la normativa vigente. Su gestión corresponde a la Hacienda Foral de Navarra y se articula mediante los procedimientos previstos para el gasóleo profesional.
Por otro lado, el Ejecutivo foral ha autorizado nuevas ayudas por importe de 12,6 millones de euros para fomentar la movilidad eléctrica y la descarbonización del transporte. Dentro de este paquete, destaca una línea específica de 1,25 millones de euros destinada al achatarramiento de vehículos de combustión pertenecientes a empresas y profesionales autónomos, que incluye expresamente autobuses de las categorías M2 y M3.
Esta línea de subvenciones contempla el achatarramiento de vehículos de distintas categorías (M1, M2, M3, N1, N2 y N3), con ayudas que, en la convocatoria de este año, han oscilado entre los 1.000 y los 12.000 euros por solicitud. La iniciativa pretende favorecer la retirada de vehículos de combustión y contribuir al objetivo de alcanzar un 28% de energías renovables en el consumo final del transporte en 2030, así como reducir las emisiones de CO₂ del sector.
Con ambas iniciativas, el Ejecutivo navarro busca atender dos de los principales desafíos del transporte por carretera: la renovación y descarbonización de las flotas y el incremento de los costes energéticos, con medidas que afectan directamente a la actividad de las empresas de transporte de viajeros en autobús.