El autobús debe ser reconocido explícitamente como un instrumento estructural de cohesión territorial dentro de la Estrategia, que garantiza el acceso a los derechos fundamentales.
CONFEBUS ha presentado sus aportaciones a la consulta pública de la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en las que reclama un mayor reconocimiento del transporte público en autobús como herramienta clave para la cohesión territorial.
Entre las principales propuestas, CONFEBUS destaca la necesidad de incorporar indicadores específicos que permitan medir de forma real la situación del transporte público en el medio rural, como la cobertura territorial, la frecuencia de los servicios o el acceso a servicios básicos sin necesidad de vehículo privado.
Asimismo, reclama que el autobús sea reconocido explícitamente como un instrumento estructural de cohesión territorial dentro de la Estrategia, y no solo como parte de proyectos piloto o soluciones complementarias. En este sentido, defiende su consideración como servicio público esencial en municipios en riesgo demográfico, garantizando una conectividad mínima estable.
Otro de los puntos clave planteados es la necesidad de vincular de forma operativa el nuevo sistema europeo de comercio de emisiones (ETS2) y el Plan Social para el Clima con el refuerzo del transporte público rural. CONFEBUS propone priorizar la financiación para la modernización de flotas, el desarrollo del transporte a la demanda y la implantación de bonificaciones sociales que eviten un mayor impacto económico en las zonas más vulnerables.
Además, la Confederación apuesta por la elaboración de un análisis sectorial específico sobre movilidad rural, que permita evaluar la cobertura real del transporte, su impacto en la fijación de población —especialmente de jóvenes y mujeres— y su papel en el acceso a servicios esenciales.
CONFEBUS también subraya la importancia de integrar plenamente el autobús en la futura Estrategia Estatal contra la Pobreza de Transporte, así como de garantizar una financiación estable y estructural para los servicios en entornos de baja densidad.
En sus conclusiones, recuerda en que el transporte en autobús no debe considerarse una política sectorial aislada, sino una condición básica para garantizar derechos fundamentales como el acceso a la sanidad, la educación, el empleo o los servicios sociales en todo el territorio, así como para el desarrollo económico del turismo.