CONFEBUS ha valorado de forma positiva la propuesta de Orden Ministerial del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible por la que se establecen las bases reguladoras para conceder ayudas destinadas a ampliar y mejorar la oferta de servicios de transporte colectivo terrestre. No obstante, advierte que los retrasos en su tramitación ponen en riesgo su efectividad real en 2025.
Desde la Confederación se pone de relieve que estas ayudas, previstas en el Real Decreto-ley 1/2025, están alineadas con los objetivos climáticos nacionales e internacionales, como el PNIEC 2020-2030 y el Fondo Social por el Clima de la UE, y suponen una herramienta clave para promover una movilidad más sostenible, inclusiva y eficiente y para modernizar el sistema de transporte público.
Además, CONFEBUS pone de manifiesto que la combinación de bonificaciones tarifarias —como las aplicadas desde 2022— y la mejora de la oferta es esencial para lograr un verdadero trasvase modal hacia el transporte público. Datos recientes de estudios de Greenpeace e INECO confirman el aumento del uso del transporte público y la reducción del uso del vehículo privado, gracias a estas políticas.
Entre las principales recomendaciones de CONFEBUS destacan:
• Agilización de los plazos administrativos para asegurar que las ayudas puedan aplicarse de forma efectiva durante 2025.
• Extensión de las ayudas a 2026, dotando de estabilidad y previsibilidad al sistema. Estas bonificaciones deberían convertirse en estructurales.
• Compensación garantizada a los operadores de transporte por los costes y la pérdida de ingresos derivados de los nuevos servicios y descuentos, evitando situaciones de morosidad.
• Dotación presupuestaria suficiente y estable para asegurar tanto el aumento de oferta como la continuidad de las medidas tarifarias.
• Coordinación entre mejoras en la oferta y bonificaciones tarifarias, como los abonos vigentes hasta el primer semestre de 2025.
De este modo, desde CONFEBUS se hace un llamamiento para que se apruebe cuanto antes un paquete conjunto de incentivos que garantice su aplicación efectiva en 2025. “La incertidumbre actual y la falta de continuidad en las políticas de fomento del transporte público pueden poner en riesgo los avances logrados hasta ahora”, señalan desde la Confederación, que se alinea con los objetivos del Ministerio, pero reclaman mayor previsibilidad y estabilidad para operadores y administraciones.
Por último, afirman que estas ayudas deben traducirse en una mejora real y estructural de las redes de transporte colectivo en todo el territorio, especialmente en zonas rurales y de baja densidad, para garantizar una movilidad inclusiva y sostenible para todos.