El transporte en autobús: ¿por qué cambiar algo que funciona?

Por Rafael Barbadillo, presidente de CONFEBUS

Los grupos parlamentarios en el Congreso están dando estos días pasos decisivos para la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible. Para la ciudadanía, la llegada de esta nueva normativa supone afianzar el derecho básico del acceso al transporte. En el caso español, el gran garante de este derecho se configura a través del servicio público de transporte, en el que el autobús destaca como líder silencioso de la movilidad.

Todo es susceptible de mejora y prueba de ello es que la Ley de Movilidad Sostenible propone una necesaria modernización del marco normativo. Pero lo que no tiene cabida es el cuestionamiento del modelo nacional que están haciendo en los últimos meses empresas ajenas al sector que únicamente piensan en la explotación del negocio sin tener en cuenta, en ningún caso, la mejora de la calidad de vida y el acceso a los derechos esenciales del estado del bienestar, como son la sanidad, el trabajo y la educación, o a otros como el ocio. Estas empresas piden poner fin al modelo de transporte público que tan garantista ha sido en las últimas décadas en España y que nos ha convertido en uno de los países con más capilaridad y mejor servicio de transporte de viajeros por carretera de Europa.

Estas empresas hablan de liberalización del sector, cuando lo que piden es la desregulación. En realidad, el sector está liberalizado a través de concesiones, ya que cualquier empresa puede presentarse a las licitaciones públicas y ganarlas. De este modo, buscan embarrar el escenario para convertirlo en un falso debate con el objetivo de acabar con el servicio público del autobús.

La licitación pública constituye una herramienta clave para garantizar la seguridad, la transparencia, la eficiencia y la calidad en la prestación de servicios públicos. En el sector del transporte en autobús, ésta cobra una relevancia estratégica, ya que permite ordenar, profesionalizar y modernizar un modelo esencial de movilidad para millones de ciudadanos.

Estas compañías, que no invierten en conductores ni vehículos, tratan de presionar a las administraciones públicas españolas para poner fin al sistema concesional. Para ello, hablan del modelo español como una rara avis en Europa, cuando su encaje legal es precisamente la normativa comunitaria, y apuestan por un modelo desregulado que ha provocado que en otros países los servicios hayan quedado en manos del operador dominante y que ha dado numerosas muestras de ineficacia, como la eliminación de la competencia, precios disparados, frecuencias disminuidas y líneas sin cubrir.

O lo que es lo mismo: en algunos países de nuestro entorno que han optado por ese modelo desregulado, el autobús ya no es servicio público ni asegura a los ciudadanos su derecho fundamental a la movilidad y, por eso mismo, tampoco sirve como palanca para luchar contra la pobreza de transporte. Hay que recordar que la Unión Europea ha puesto en el centro de sus políticas combatir la pobreza de transporte, entendida como la falta de alternativas de movilidad asequibles y accesibles.

Tampoco podemos olvidar que la desregulación de nuestro modelo acabaría con las políticas de promoción y apoyo al transporte público, como las bonificaciones o el `Verano Joven´, que tan buenos resultados han dado y que han supuesto una gran ayuda para las familias, además contribuir a mejorar la seguridad vial y avanzar hacia una movilidad más sostenible.

En resumidas cuentas, estamos ante un intento de importar el modelo de transporte en autobús de países donde estas empresas operan en situaciones de monopolio u oligopolio, reduciendo significativamente el número de operadores, elevando precios, reduciendo las conexiones y minorando la demanda y la calidad de este tipo de servicios. Lo que deberíamos hacer es exportar nuestro modelo, al que además convendría poner más en valor. Y es que es un motivo de orgullo que debería de ser compartido por las administraciones, la ciudadanía y el tejido empresarial del sector. Por suerte, las administraciones públicas españolas han dado sobradas muestras de su defensa del modelo concesional, con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible como su principal valedor.

Gracias al sistema concesional, el transporte en autobús en España es la alternativa de movilidad con mayor capacidad para cohesionar el territorio. Llega a más lugares que cualquier otro transporte colectivo con precios asequibles, estables y con la seguridad y la sostenibilidad en su ADN. Siempre está ahí, dando respuesta a las necesidades de la sociedad, hasta en las situaciones más impensables, como ocurrió durante el COVID. Pretender abandonar un modelo de colaboración público-privada que se ha demostrado exitoso y eficiente es un error que podría herir de muerte la calidad y capilaridad del servicio. Las compañías que quieren impulsar este cambio tienen unos intereses empresariales que, por supuesto, son legítimos, pero también dan la espalda a las necesidades de los usuarios en materia de transporte. Porque, por encima de usuarios, son ciudadanos que no tienen por qué ver comprometido uno de sus derechos fundamentales. En ese compromiso con la ciudadanía es en el que trabajamos las empresas del sector del transporte en autobús en España.