La Comisión Europea adopta recomendaciones para ayudar a los Estados miembros a luchar contra la pobreza en el transporte: el autobús, aliado clave
La Comisión Europea ha adoptado una serie de recomendaciones dirigidas a los Estados miembros sobre cómo abordar los complejos retos de la pobreza en el transporte en toda la UE, especialmente en el contexto de los próximos Planes Sociales sobre el Clima.
Se espera que el Fondo Social para el Clima movilice al menos 86.700 millones de euros a partir de 2026, proporcionando un importante apoyo financiero para ayudar a los Estados miembros a aplicar reformas estructurales y promover una movilidad sostenible e integradora.
Para acceder a estos fondos, los Estados miembros deben elaborar antes de finales de este mes de junio planes sociales para el clima en los que se definan medidas e inversiones específicas para ayudar a los grupos vulnerables afectados por el nuevo régimen de comercio de derechos de emisión.
Una posibilidad son los sistemas de arrendamiento social de vehículos de emisiones cero, dirigidos a los usuarios vulnerables del transporte, como se indica en el Plan de Acción del Automóvil. Además, la Comisión recomienda mejorar los servicios de transporte en las zonas de bajos ingresos, desarrollar infraestructuras de transporte público para conectar estas zonas con el centro de las ciudades, y poner en marcha programas de bonos para el transporte público, servicios a la demanda de cero emisiones y una mayor accesibilidad para las personas con discapacidad.
En apoyo de estos esfuerzos, el Centro Común de Investigación ha puesto en marcha el Centro de Pobreza del Transporte, una plataforma en línea que proporciona mapas de alta resolución, que ayudan a identificar visualmente las zonas con redes de transporte bien desarrolladas y subdesarrolladas, proporcionando información valiosa a los responsables políticos sobre la conectividad regional.
En palabras de Apostolos Tzitzikostas, comisario de Transporte y Turismo Sostenibles: “La pobreza en el transporte es más que un reto económico. Es un obstáculo para la justicia social y climática. La Recomendación de hoy establece una estrategia para derribar esas barreras, garantizando que todos los europeos, independientemente de dónde vivan o cuáles sean sus ingresos, tengan un acceso equitativo a un transporte asequible y fiable y a las oportunidades que genera”.
El autobús, aliado indispensable contra la pobreza de transporte
Al respecto, CONFEBUS recuerda que el sistema español de transporte público regular en autobús es un aliado indispensable para abordar la pobreza de transporte y garantizar el derecho fundamental a la movilidad y el acceso a servicios básicos del Estado del Bienestar (sanidad, educación y trabajo), por el papel que ha venido jugando en la vertebración territorial y en la cohesión social de España.
No sorprende que el autobús sea el modo de transporte colectivo que más viajeros mueve en España (60% del total), gracias a su capilaridad (conecta diariamente más de 8.000 poblaciones españolas), seguridad, asequibilidad, sostenibilidad y calidad.
De este modo, la Confederación considera que la Estrategia contra la Pobreza de Transporte en la que está trabajando el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y sobre la que CONFEBUS ha elaborado un Informe, debe situar al transporte en autobús como servicio público esencial (equiparable a la sanidad y la educación), fundamental para el desarrollo de la principal industria de nuestro país (el Turismo) y para el acceso a la sanidad, la educación y el trabajo, clave para los objetivos públicos y políticos y que precisa de una financiación adecuada que lo haga viable, de acceso universal, de transformación y de un modelo de gobernanza y coordinación entre Administraciones Públicas.
En dichas actuaciones son y serán importantes las políticas de bonificación al uso del transporte público y la necesaria regulación de la financiación del sistema de transporte público. Además, se deberán fomentar mejoras en la oferta de servicios, necesaria para reforzar la calidad: redes más amplias y capilares, con servicios más frecuentes y adaptados a las discapacidades o limitaciones de movilidad de cada colectivo. Asimismo, la Estrategia también deberá potenciar el derecho a la movilidad garantizado a través de la colaboración público-privada. Para todo ello, se deberá hacer buen uso de la importante contribución económica que el Fondo Social por el Clima pone a disposición de España.