El autobús, aliado indispensable en el Plan Social para el Clima
• CONFEBUS participa en la consulta pública para la elaboración del Plan Social para el Clima.
• El autobús es un aliado indispensable para la descarbonización y un modo clave para garantizar la movilidad sostenible y el acceso a servicios básicos.
El Ministerio de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico está trabajando en el Plan Social para el Clima, con él se determina el uso que España le daría a los ingresos del nuevo sistema de comercio de emisiones por la inclusión del transporte por carretera. A España le corresponden unos 8.500M€ procedentes del Fondo Social por el Clima de la UE y debe decidir qué medidas impulsa con ellos. El autobús es un aliado indispensable para la descarbonización y un modo clave para garantizar la movilidad sostenible y el acceso a servicios básicos.
CONFEBUS ha participado en la consulta pública previa que abrió el Ministerio para la elaboración de este Plan Social para el Clima, destacando como el autobús resulta ser un aliado indispensable para la descarbonización y un modo clave para garantizar la movilidad sostenible y el acceso a servicios básicos.
De este modo, recomienda cómo hacer un buen uso del Fondo Social por el Clima para cumplir los objetivos de fomento del transporte respetuoso con el clima y el transporte público en autobús.
El nuevo sistema de comercio de derechos de emisión de la UE incluirá al transporte por carretera a partir de 2027 a través del despacho a consumo de combustibles utilizados para la combustión, lo que provocará la repercusión a los operadores a través de un incremento en el precio del carburante (uno de los principales componentes en la estructura de costes de las empresas de autobuses).
Con los ingresos generados por el sistema de comercio de derechos de emisión de la UE, se articula el Fondo Social por el Clima de la UE, poniendo a disposición de los Estados miembros para 2026-2032 unos fondos (en el caso de España, unos 8.500 millones de euros) que deben utilizarse para fomentar el transporte respetuoso con el clima y el transporte público. España debe determinar la utilización de los ingresos generados a través de su
Planes Social parar el Clima.
El Reglamento que regula el Fondo prevé que los Planes establezcan medidas para acelerar la adopción de vehículos de emisión cero, proporcionar apoyo financiero para la implantación de infraestructuras de repostaje y recarga totalmente interoperables para vehículos de emisión cero, fomentar el cambio al transporte público y mejorar la multimodalidad, proporcionar apoyo financiero para abordar los aspectos sociales relativos a los usuarios de transporte de renta baja y media. El autobús es uno de los sectores estratégicos para conseguir los objetivos de descarbonización y debe ser destinatario de estas medidas.
Todo el sector del transporte en autobús es vulnerable. Por motivo de la inclusión en el sistema de comercio de derechos de emisión (se estima incremento ente 12-24 céntimos/litro de carburante que supone coste económico anual entre 161-322M€), la vulnerabilidad de todas las empresas de autobuses les hace merecedoras de ser incluidas como destinatario de las medidas que se establezcan. Se trata de un sector con alta dependencia de los combustibles fósiles y volatilidad de los precios. Además, es un sector dominado por pymes, lo que dificulta la capacidad de inversión y adaptación tecnológica y normativa. Está muy sujeto a las rigideces de la contratación pública con contratos que no incorporan cláusulas de modificación o de actualización de precios que hagan posible que se produzca esta adaptación en condiciones de equilibrio económico (situación que afecta por igual a todas las empresas). Es un sector vulnerable porque enfrenta un aumento inmediato de costes sin capacidad clara para absorberlos o trasladarlos, junto con obstáculos estructurales para adoptar tecnologías más limpias a corto plazo. Esto lo pone en una posición delicada frente a la nueva regulación que le exige inversiones para descarbonización y en competencia desigual con otros modos sujetos a distinta fiscalidad, especialmente si no se implementan medidas compensatorias efectivas y con una mayor capacidad para repercutir estos costes a sus clientes. Sin olvidar el impacto que tiene en servicios esenciales. La combinación de estos factores comprometería su viabilidad económica y su rol como pilar de la movilidad sostenible y accesible. Si no se prioriza al transporte en autobús, el sector podría no recibir el apoyo necesario para adaptarse, aumentando su vulnerabilidad.
Además de realizar reformas estructurales (contratación pública, ley de desindexación), se propone utilizar el fondo para: la política de bonificaciones al uso del transporte público en España; incremento de oferta de servicios de transporte público para cumplir los objetivos comprometidos con la Comisión Europea en el PNIEC para 2030; ayudas para adquisición de flotas más sostenibles, infraestructura de recarga y para achatarramiento de vehículos así como asegurar suministro energético; actuaciones en materia de infraestructura para potenciar el transporte público y colectivo (p.ej carriles bus-VAO, priorización semafórica, política de bonificaciones tarifarias, etc.) así como para despenalizar transbordos o reforzar el aumento de viajeros (actuaciones en estaciones e intercambiadores); soluciones de digitalización para servicios de transporte público más eficientes en zonas rurales o de baja densidad poblacional, así como otras para servicios de autobuses que conecten esas zonas con las estaciones más cercanas u otros nodos de conexión.