El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR solicita la extensión a 2025 de las ayudas al transporte público vigentes, que han sido un éxito

• El éxito de personas usuarias desde la implantación es innegable y, además, han ayudado a reducir las emisiones y aliviar la economía de las familias, por lo “su continuidad de la bonificación es imprescindible”.

• También abogan por un modelo de abono de transportes único para todo el territorio español.

El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR ha presentado ante el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley relativa la bonificación al transporte y los abonos únicos, para su debate en Pleno, donde abogan para que el Gobierno implante un modelo de abono de transportes único para todo el territorio español y solicitan la extensión a 2025 de las ayudas al transporte público vigentes.

Según explican desde el Grupo, el transporte público es una necesidad y un derecho fundamental para la ciudadanía española, al cual tienen acceso en mayor o menor medida prácticamente la totalidad de la población. A pesar de su importancia, los precios para acceder al mismo varían en gran medida dependiendo del territorio o la disponibilidad de la infraestructura concreta.

En 2022 se aprobó por parte del Consejo de Ministros una batería de ayudas para promover el uso de transportes alternativos al coche, concretamente el Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural, con un gran éxito en ese año y en sus sucesivas prórrogas. Estas medidas ofrecen viajes gratuitos con los servicios de Cercanías, Rodalíes y Media Distancia de Renfe, así como una reducción del 50 % de los precios del servicio Avant (media distancia). También en el transporte regular de viajeros por carretera, ofrece abonos gratuitos en los trayectos en autobús de las líneas de titularidad estatal para los viajeros recurrentes. Así como en el transporte colectivo urbano e interurbano, en el que existe una financiación del 30 % de descuento a las CCAA y entidades locales que eleven el descuento hasta el 50 %. Esta medida ha tenido un gran efecto y ahorro sobre las personas usuarias del servicio y goza de una gran popularidad, sin embargo, existen dudas de su renovación para el próximo 2025.

En este sentido, destacan que el éxito de personas usuarias desde la implantación es innegable. Los españoles usan el transporte público más que nunca y así lo reflejan los datos. Impulsados por las bonificaciones que el Gobierno promovió junto a las comunidades para contrarrestar el aumento de los precios a raíz de la invasión de Ucrania, el transporte urbano incrementó en 2023 su uso en un 20,9% en tasa interanual y el interurbano, un 18,9% según datos del INE. En el año 2023 marcó, por primera vez, una cifra superior a los 5.100 millones de viajeros en el cómputo anual, lo que supone un 18,2 % más que en 2022.

Así, aclaran que ha habido ejemplos muy significativos como podría ser el caso de Palencia, que ha pasado de 343.000 viajeros anuales en 2019 a 836.000 en 2023 (los datos de 2024 se presuponen todavía mayores), suponiendo un incontestable aliado contra la despoblación y en favor de la transición ecológica, reduciendo las emisiones derivadas de los transportes privados.

En términos de reducción de emisiones según las estimaciones de la organización Greenpeace, “se puede llegar a observar una reducción de CO2 por disminución de usos de automóvil entre unas 160.21 y 320.42 toneladas por día, que, en términos económicos, en función del precio de la tn de CO2 del mercado supondría un ahorro de entre 13.803,83 y 27.626,51 euros por día”.

Según Greenpeace la implementación y mantenimiento de este tipo de bonificaciones “tiene un gran potencial para aumentar la utilización del transporte público entre aquellos que actualmente no son usuarios habituales”. Para lograr este objetivo estas medidas, encaminadas a bonificar el transporte o el establecimiento de un abono único de transporte que aúne a distintos modos de transporte, deben buscar atraer a un número significativo de potenciales usuarios y convertirlos en usuarios habituales. Algunas de estas, como la suscripción, pueden ser incentivadoras.

Además, recalcan que es muy destacable y significativa la dimensión social, ya que los actuales descuentos y bonificaciones vigentes en España han servido para aliviar la economía de las familias en un contexto de inflación y convirtiéndose en usuarios habituales.

Si bien, por todo lo expuesto, asegurar la continuidad de la bonificación es imprescindible en el corto plazo ya que los derechos adquiridos impiden una vuelta sin matices a un modelo anterior que era especialmente perverso para los que más utilizaban el transporte público. Además, deben abordarse mejoras y establecer reformas a medio y largo plazo para asegurar el acceso de toda la ciudadanía al transporte público, la mejoría de la calidad de los servicios y la profundización de sus efectos de tipo redistributivo y ecológico.

Algunas de las propuestas más prometedoras son las relativas a la implantación de modelos «únicos» o «unificados» de tarifas y medios de transporte público a nivel nacional. Existen numerosas propuestas, basadas en modelos ya exitosamente implantados en otros países (Alemania, Austria...) que combinan en una tarifa plana, con un precio asequible, la entera variedad de opciones de transporte público al alcance de la ciudadanía. Esta medida tendría un efecto directo sobre la ciudadanía ya que no solo abarataría el coste de sus desplazamientos, sino que simplificaría la burocracia y los trámites que requiere su movilidad.

De acuerdo con informes de Greenpeace, esta medida contemplaría un ahorro en cuanto a contaminación de “entre 110 y 5.876 tn/día, dependiendo del precio que se establezca para el abono único y de los diferentes tipos de transporte que se incluyan como beneficiarios del abono”. Adicionalmente, se conseguirán ahorros en gastos de combustible, mejoras de la calidad del aire y de la seguridad vial, así como una recuperación del espacio público de las ciudades que vienen unidas a la disminución del uso del vehículo privado.

Desde SUMAR señalan también que no debe obviarse en ningún caso tampoco el componente redistributivo de las medidas enfocadas al cuidado de los servicios públicos, ya que mejorar el acceso a los mismos garantiza la igualdad y equidad de la ciudadanía. La función del transporte es garantizar la accesibilidad a los bienes, servicios y contactos con las demás personas, independientemente del lugar donde se viva, de la renta, edad o género.

La movilidad constituye el tercer mayor gasto de los hogares y supone el 13 % de todos ellos, los usuarios deben poder conocer el precio de antemano y que este sea permanente, porque es necesario que haya un precio garantizado para proporcionar seguridad a las personas, así como capacidad de planificación en la economía familiar.

Por último, afirman que un precio asequible del transporte público es una ayuda para el problema de la vivienda, que obliga al desplazamiento de miles de personas hacia las periferias, al tiempo que acentúa las desigualdades. Se debe invertir en el transporte como medio de vertebración del territorio y como medida para sacar del aislamiento a una gran parte de la población, especialmente la del mundo rural y la de las islas Canarias y Baleares, así como Ceuta y Melilla, que merecen ser dotadas de una mayor calidad de vida y accesibilidad.

Por lo expuesto, han presentado la siguiente Proposición no de Ley «El Congreso insta al Gobierno a:

1. Asegurar la continuidad de las bonificaciones al transporte público durante el año 2025, con una confirmación y comunicación pública a la mayor brevedad. Las personas usuarias del transporte público necesitan conocer de antemano, y con tiempo suficiente, el precio del transporte con el fin de generar seguridad en su economía doméstica.

2. Comenzar a estudiar, lo antes posible, modelos de abono único o unificación de tarifas, que puedan mejorar la conectividad y eficiencia y reducir la burocracia de las diferencias tarifarias actualmente existentes, así como su futura implementación. Un sistema de tarjeta única, con tarifa plana y asequible, expedida por cada CCAA, pero que permita a los usuarios desplazarse por todo el territorio y todos los medios de transporte, teniendo en cuenta y respetando las competencias de las diferentes administraciones en materia de transporte.

3. Comprometerse a tener los resultados de dicha investigación antes de la finalización de la prórroga de las bonificaciones, con efectos de implementar las medidas inmediatamente después de comprobarse en el estudio su potencial viabilidad».