• El periodo medio de pago (PMP) supera en 24 días el plazo máximo legal.
• El coste financiero de la deuda comercial para las empresas ascendió a un máximo de 2.930 millones de euros, el dato más alto desde septiembre de 2009.
• El 46,1% de las facturas se pagan hasta 30 días después y el 9,7% a más de 30 días del vencimiento.
• CEPYME ve necesario un impulso a la futura normativa europea de morosidad para mitigar sus efectos negativos y lograr condiciones equitativas para las pymes de la UE.
El problema de la morosidad se agrava. Siguiendo su patrón estacional, el periodo medio de pago (PMP) ha subido en el primer trimestre. Y lo ha hecho hasta los 84,3 días, según el último Observatorio de Morosidad elaborado por CEPYME, a partir de datos de Informa D&B y CESCE. El incremento interanual en el plazo de pago en el primer trimestre fue de 0,9 días, el mayor en cuatro años. Esta evolución supone un grave lastre para las empresas españolas.
Además, a la espera del nuevo marco regulatorio europeo sobre morosidad, estos datos evidencian de nuevo la falta de efectividad de la Ley de Morosidad española, que fija el plazo máximo legal de pago en los 60 días. Por ello, y tras las elecciones celebradas al Parlamento Europeo, CEPYME, Confederación Española de la Pequeña y Media Empresa, en la que está integrada CONFEBUS, urge a las instituciones europeas a agilizar la aprobación de la nueva normativa comunitaria sobre morosidad y, especialmente, insta al Consejo de Competitividad de la UE a que opte por la vía del reglamento, en lugar de la directiva, con el fin de homogeneizar más efectivamente las diferentes normas nacionales.
CEPYME considera urgente tramitar esta normativa europea para homogeneizar la regulación y combatir la morosidad a escala comunitaria, de forma que se garanticen condiciones equitativas para las pymes de todos los países miembros y se mitiguen los efectos negativos que la morosidad tiene sobre la liquidez de las empresas, comprometiendo sus proyectos y, en muchas ocasiones, su supervivencia.
El PMP inició una fase descendente al comienzo de la pandemia, pero ya suma tres trimestres consecutivos sin anotar descensos. La evolución de la inflación y de los tipos de interés condicionan este alargamiento de los plazos de pago.
La inflación incentiva la reducción de los plazos de cobro para evitar la erosión del poder adquisitivo de las facturas por cobrar. En el primer trimestre se ha situado en el entorno del 3%. Aunque sigue siendo elevada, su estabilización en ese rango reduce la presión para seguir acortando el plazo de cobro. En el mismo sentido, la percepción de que la carrera ascendente de los tipos de interés ha quedado atrás habría contribuido también a relajar la presión por reducir los plazos de cobro de las facturas emitidas.
Puedes ver aquí el Observatorio de Morosidad ITRI24.