El autobús y su importancia en la movilidad sostenible, protagonista en el Congreso de los Diputados
Jornada: `El autobús como elemento clave de la movilidad sostenible: beneficios y oportunidades´
• Se ha abordado el papel que juega el autobús dentro del contexto del debate del proyecto de Ley de Movilidad Sostenible.
• Ha contado con la participación de diputados de los distintos grupos políticos del Congreso, representantes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, de las administraciones autonómicas, de los sindicatos y de los consumidores.
El pasado lunes, 26 de febrero, CONFEBUS celebró una jornada en el Congreso de los Diputados bajo el título `El autobús como elemento clave de la movilidad sostenible: beneficios y oportunidades´, en la que se ha abordado el papel que juega el autobús dentro del contexto del debate del proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, cuyo trámite parlamentario acaba de iniciarse, a través de cuatro mesas centradas en el modelo de colaboración público-privada, su rol como agente clave para la vertebración territorial de España, los beneficios para los viajeros y la calidad de empleo, junto con la visión política de la movilidad.
En la inauguración, que contó con la presencia de Isaura Leal y Carmen Navarro, secretarias segunda y cuarta de la Mesa del Congreso respectivamente, el presidente de CONFEBUS, Rafael Barbadillo destacó la importancia del proyecto de ley que se está tramitando en la cámara baja como garantía de la movilidad de todas las personas, independientemente del territorio en el que vivan. La jornada se articuló en cuatro mesas redondas moderadas por Félix Álvarez, secretario del Departamento de Viajeros del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC).
En la primera mesa redonda, titulada “Un modelo de colaboración público-privada de éxito”, participaron Roser Obrer, directora general de Transporte por Carretera del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Martínez, profesor titular del Departamento de Ingeniería Civil–Transportes de la Universidad Politécnica de Madrid, y Jaime Rodríguez, director de CONFEBUS. Roser Obrer afirmó que el modelo de colaboración público-privada con el que cuenta nuestro país es un modelo que garantiza que se preste un servicio de calidad y que permite el acceso a una movilidad adecuada en todos los territorios. También destacó que el modelo beneficia a las empresas del sector aportándoles estabilidad y facilita a la administración el control de que el servicio público se presta de la forma apropiada, con un precio estable y una frecuencia continua. Respecto al mapa concesional, la directora general explicó que el Ministerio ha comenzado un proceso de dialogo con todas las comunidades autónomas para aunar esfuerzos y que el nuevo mapa atienda las necesidades de todos los ciudadanos, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada territorio, “con la firme voluntad de crear una nueva red de transporte de viajeros por carretera consensuada”. A su vez, el profesor Óscar Martínez destacó que, gracias a nuestro sistema de colaboración público-privada, se pueden atender mercados que no son comercialmente atractivos, “que son la mayoría en España”, así como objetivos sociales que de otra forma el mercado no atendería (accesibilidad, frecuencia, tarifas), aunque también hizo hincapié en la importancia de que se articule un mapa concesional racional y se establezca un sistema de financiación adecuado para que se pueda seguir prestando el servicio con la misma capilaridad y eficacia, en un país en el que cada territorio tiene unas necesidades muy diversas. Jaime Rodríguez aseguró que el sistema de colaboración público-privada no puede calificarse de oligopolio, ya que son más de 650 empresas las que operan casi 1.400 concesiones en España, destacando también que nuestro país es el segundo de Europa en el que los servicios de transporte en autobús reciben una mejor valoración por parte de los ciudadanos. Por otro lado, desde CONFEBUS se hace una valoración positiva del proyecto de ley, aunque se considera que hay algunos aspectos mejorables, como los que se refieren a la financiación, que debería abarcar todo el sistema de transporte público; los servicios de conexión, que han de equipararse a los que se contemplan para el ferrocarril; o la adaptación del mapa concesional y del sistema de licitación a la nueva realidad de la movilidad. Por último, resaltó como el modelo del autobús en España contribuye a cumplir con los compromisos de emisiones establecidos por la UE y como un aumento en el uso del autobús podría reducir los problemas de congestión y contaminación acústica.
La segunda mesa, “El autobús como agente esencial para la vertebración territorial de España”, que analizó la situación de las distintas comunidades autónomas, contó con Rubén Sobrino, director general de Transportes y Movilidad de la Junta de Castilla-La Mancha, Laura Paredes, directora general de Transportes y Logística de la Junta de Castilla y León, y Manuel Ríos, director general de Transportes y logística de la Generalitat Valenciana.
Laura Paredes quiso comenzar su intervención destacando la importancia del transporte en autobús, que “es versatilidad, eficiencia, capilaridad y rentabilidad social”, y resulta vital como factor de cohesión y de vertebración territorial, garantizando el acceso de todos los ciudadanos a los servicios esenciales en una comunidad tan extensa y con una densidad de población tan baja como Castilla y León. También reveló que la mayor parte de las rutas de su comunidad son deficitarias, y es “ahí donde debemos aportar la financiación necesaria”, y pidió al gobierno que en el proceso de elaboración de la ley sean capaces de sentarse con todos para atender las peculiaridades del medio rural y de los distintos territorios. A su vez, Rubén Sobrino afirmó que el transporte público en autobús supone para Castilla-La Mancha el cuarto pilar del sistema de bienestar y que el camino a seguir es que el propio Ministerio asuma la financiación en algunas líneas en el medio rural, que corren peligro por su falta de rentabilidad, destacando que “no puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, y debe existir igualdad tarifaria, pero también igualdad en servicios”. También consideró un gran acierto incluir en la Ley de Movilidad Sostenible el transporte a la demanda, que su comunidad está dando muy buenos resultados. Desde la Generalitat Valenciana, Manuel Ríos explicó que, a pesar de que su comunidad es una de las más pobladas de España, existen zonas donde los autobuses no se llenan, “el 90% de la población se concreta en la mitad del territorio y la otra mitad está vaciada, por lo que, si se aplicara solo un criterio de rentabilidad, habría que dejar de operar esas rutas que no son rentables”. Así, insistió en la importancia de que la nueva ley establezca unos criterios de financiación claros y que el transporte a la demanda se articule de forma adecuada para que cumpla sus objetivos y no se convierta en fuente de complicaciones y conflictos.
En la tercera mesa, titulada “Los beneficios para los usuarios y la calidad del empleo”, participaron Diego Buenestado, secretario sectorial Federal de la FeSMC-UGT, Francisco Vegas, secretario general del Sector de Carretera y Logística de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, y Gustavo Samayoa, presidente de la Federación de Usuarios-Consumidores Independientes (FUCI).
Francisco Vegas alertó de los riesgos de “liberalizar” determinados corredores que puede poner en verdadero riesgo líneas deficitarias y establecer diferencias entre ciudadanos en el acceso al derecho al transporte público. También afirmó que cuando se habla de transporte justo hay que tener en cuenta a todos los actores de esta industria, “no es solo que una empresa logre sus beneficios, es que unos profesionales tengan unas condiciones adecuadas y que la movilidad sea asequible para todos los ciudadanos”. A su vez, Diego Buenestado afirmó que desde UGT están a favor del sistema concesional porque es un sistema garantista que permite el acceso al transporte de todos los ciudadanos: “estamos en contra de la liberalización, creemos fundamental la intervención de la administración en un servicio público y esencial como es el transporte de viajeros”. Por último, Gustavo Samayoa acentuó la importancia del autobús, y como el gobierno y las administraciones debe darse cuenta del potencial de los servicios de autobús como fuerza para el bien social, ambiental y económico. Además, se debe abogar por un enfoque conjunto del transporte que sea accesible, integrado y construido en torno a las necesidades actuales y futuras de las comunidades a las que sirve. “Tiene que ser atractivo para los pasajeros, lo que significa frecuente y fiable, y tiene que ser asequible y esto se puede cumplir con el modelo español de colaboración público-privada en autobús”, subrayó.
La última mesa redonda, “Visión Política de la Movilidad”, analizó la perspectiva de los distintos grupos políticos en torno al nuevo proyecto de ley y a la propia movilidad. Participaron Isidre Gavín, de grupo parlamentario de Junts per Catalunya, Alberto Ibáñez, del grupo parlamentario Plurinacional Sumar, Carina Mejías, del grupo parlamentario VOX, e Ignacio López, del grupo parlamentario socialista.
Isidre Gavín aseguró que la movilidad debe gestionarse desde la proximidad y que la colaboración público-privada ha de establecerse desde la confianza y la concepción de socios, “va más allá de un contrato, se trata de explorar nuevas oportunidades juntos”, explicó. Por su parte, Alberto Ibáñez afirmó que desde su grupo defienden el mantenimiento del modelo actual de transporte, pero mejorándolo, para lo cual se requiere de una mayor financiación y de la actualización del mapa concesional. Carina Mejías también apostó por la actualización del sistema concesional que es el que permite “no dejar a nadie atrás y asegurar la capilaridad”. Para finalizar, Ignacio López destacó la importancia del autobús como palanca fundamental para alcanzar el objetivo de que el transporte público satisfaga la necesidad de movilidad de las personas de forma óptima y sostenible.
Como cierre de la jornada, Rafael Barbadillo, presidente de CONFEBUS, presentó las conclusiones de la jornada, valorando positivamente la intención del Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que se espera que establezca un marco jurídico adaptado a conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador de la movilidad, impulsando al transporte público en autobús como agente clave contra la contaminación, por su probado valor y eficacia medioambiental. Por otro lado, recordó que “la movilidad es un derecho y su garantía es responsabilidad de las Administraciones Públicas a través del diseño de una red y un sistema de transporte público que satisfaga las necesidades de la población y busque, ante todo, la vertebración territorial y la cohesión social, evitando así las consecuencias negativas de la denominada “pobreza de transporte”. Y añadió: “La colaboración público-privada en la movilidad de las personas precisa de un marco jurídico que facilite el desarrollo de un modelo de contratación pública, que apueste por la sostenibilidad de los servicios y por su calidad”.
La clausura oficial corrió a cargo de Marta Serrano, secretaria general de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, quien subrayó que desde el Ministerio tienen la idea clara “de que la Ley de Movilidad Sostenible es una oportunidad para garantizar el acceso universal a esa movilidad sostenible, que además va a permitir tener un sistema para garantizar una financiación más justa”. En cuanto a los nuevos mapas concesionales, recalcó la firme voluntad de su departamento de desarrollarlo en colaboración con las comunidades, apostando por que el resultado final que sea que los ciudadanos no tengan que distinguir si una línea la gestiona el Ministerio o una comunidad autónoma, “no pueden percibir que son distintas administraciones, quieren coordinación y que el servicio público satisfaga sus necesidades”, explicó. Para finalizar su intervención trasladó a los asistentes su compromiso personal, que es el mismo que el del Ministro, de promover la movilidad sostenible.
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