Castilla y León invierte 40 millones este año para garantizar la movilidad de viajeros por el territorio y adelanta 8 millones compensar parte del déficit de explotación de 2024
40 millones este año para garantizar la movilidad de viajeros por el territorio tras aprobar el último pago compensatorio de 9,6 millones a las concesionarias de las rutas de autocar.
El Consejo de Gobierno de Castilla y León aprobó el abono de un anticipo de 9,6 millones de euros a las empresas concesionarias del transporte de viajeros por carretera correspondiente al período comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre. Con este pago, la Junta destina en el presente ejercicio más de 40 millones de euros al mantenimiento de este servicio público esencial y de los empleos de las 123 empresas que lo prestan.
La Junta adelanta otros 9,6 millones de euros a las 123 empresas concesionarias de las 240 concesiones administrativas que componen el servicio de transporte de viajeros por carretera para afrontar el déficit de explotación correspondiente al último trimestre del ejercicio 2023.
Con este cuarto anticipo, que prevé cubrir el período comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre, el Gobierno autonómico ha destinado más de 40 millones de euros al mantenimiento de este servicio público esencial, así como a la viabilidad y los puestos de trabajo de las adjudicatarias que lo prestan durante el presente año.
El primero de los anticipos fue aprobado en diciembre del pasado año por un importe de 5 millones de euros, destinados a las operadoras con un déficit superior a los 500.000 euros al cierre del 2022. El segundo, por la misma cuantía, fue autorizado en abril de 2023 y dirigido al resto de concesionarias. El tercer pago, por valor de 20,4 millones, fue aprobado por el Consejo de Gobierno del pasado 2 de noviembre, para hacer frente a los tres primeros trimestres del presente año. Y hoy se completa el cuarto y último anticipo, por 9,6 millones de euros.
El esfuerzo económico que realiza la Junta con el transporte público de viajeros por carretera, que superó los 38 millones de euros durante el ejercicio 2022, se enmarca dentro de su objetivo de adoptar medidas que favorezcan y garanticen unas condiciones de movilidad seguras y sostenibles a la ciudadanía, especialmente en el medio rural, y da cumplimiento al mandato que tiene de asegurar el sostenimiento económico-financiero de las entidades que prestan este servicio básico y fundamental, tal y como recoge el artículo 10 de la Ley 9/2018 de 20 de diciembre, y, por ende, el mantenimiento del tejido empresarial y el empleo en el sector.
Movilidad y Transformación Digital anticipa 8 millones de euros a las concesionarias del transporte de viajeros por carretera para compensar parte del déficit de explotación de 2024
Este adelanto, aprobado también por el Consejo de Gobierno, se destinará a las 17 empresas que, encargadas de cubrir los trayectos de un total de 65 concesiones, han soportado un déficit de explotación superior a los 500.000 euros durante el ejercicio 2023.
Por otro lado, la Junta de Castilla y León va a anticipar 8 millones de euros a las concesionarias del servicio de transporte público de viajeros por carretera de titularidad autonómica para compensar parte del déficit de explotación del ejercicio 2024.
Más en concreto, este adelanto se destinará a las 17 empresas que, encargadas de cubrir los trayectos de un total de 65 concesiones, han soportado un déficit superior a los 500.000 euros durante el ejercicio 2023. Esta iniciativa es similar a la que el Gobierno autonómico puso en marcha el pasado mes de diciembre de 2022.
Este anticipo se viene a sumar a los más de 40 millones de euros que el Gobierno autonómico ha destinado durante 2023 tanto al mantenimiento de este servicio público esencial como a la viabilidad y los puestos de trabajo de las adjudicatarias que lo prestan.
Este esfuerzo económico que realiza la Junta con el transporte público de viajeros por carretera se enmarca dentro de su objetivo de adoptar medidas que favorezcan y garanticen unas condiciones de movilidad seguras y sostenibles a la ciudadanía, especialmente en el medio rural, y viene a dar cumplimiento al mandato que tiene de asegurar el sostenimiento económico-financiero de las entidades que prestan este servicio básico y fundamental, tal y como recoge el artículo 10 de la Ley 9/2018 de 20 de diciembre, y, por ende, el mantenimiento del tejido empresarial y el nivel de empleo en el sector.
La necesidad de prestar el servicio público de transporte en las condiciones actuales, con más de un 63% de sus rutas con menos de 5.000 viajeros al año, y armonizarlo con las características sociales, territoriales, económicas y ambientales de nuestra Comunidad, da lugar a un modelo que, para mantener el 100% de las rutas, consiguiendo vertebrar las conexiones entre los diferentes municipios castellanos y leoneses y sus residentes, exige a la Administración autonómica asegurar la liquidez de las empresas concesionarias.