La economía participativa: ¿Oportunidad o amenaza?

La actividad y regulación de las nuevas plataformas frente a los modelos de negocio convencionales centró el debate con el que la APIE inauguró su XXX Curso de Economía para Periodistas.

No faltó, desde luego, participación en el debate. Ni por parte de los invitados ni de los periodistas que intervinieron en el turno de preguntas a la hora de definir el presente y el futuro de la economía participativa. Fue el comienzo del Curso de Economía para Periodistas que cada año organiza la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE).

Hace treinta años, cuando comenzaron, nadie sabía que era la economía colaborativa, o disruptiva o digital, que de las tres maneras se la llamó durante la jornada. Y no es de extrañar, ya que nadie sabía tampoco qué era Internet. Pero la primera jornada abundó en información actualizada gracias a los cuatro participantes en el debate: Sara Rodríguez, manager de Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales de la Asociación Española de Economía Digital (Adigital); Jaime Rodríguez, general manager de BlaBlaCar para España y Portugal; Rafael Barbadillo, presidente de la Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebus); y Gabriel Llobera, vicepresidente primero de la Federación Hotelera de Mallorca (FEHM), además de Rosa María Sánchez, de la Junta Directiva de APIE, que actuó como moderadora.

Por la actividad de las empresas representadas -y en parte también por la propia evolución de esta economía- buena parte del debate se centró en los terrenos del hospedaje y el transporte, aunque Sara Rodríguez aclaró que las empresas integradas en Adigital abarcan campos profesionales muy diversos, con “producción, financiación, conocimiento y organización”. Jaime Rodríguez también habló de la necesidad de no meter todo en el mismo saco cuando se habla de economía colaborativa, ya que, “aunque BlaBlaCar sí es un caso claro”, otras empresas no lo son, y deben ser consideradas y reguladas de distinta manera. “Creo que uno de los problemas que hemos vivido es la falta de distinción entre modelos”, añadió.

En el campo contrario, Rafael Barbadillo comenzó su intervención aludiendo al título del debate sobre si la economía colaborativa podía considerarse oportunidad o amenaza, y señaló que no la veían ni como una cosa ni otra; sólo como una nueva actividad, que sí tiene en común estar sometida a legislaciones y regulaciones mucho más permisivas, como prueban las diferencias entre BlaBlaCar y Confebus: “¿Cómo no va a tener mas costes un servicio tradicional si compite con otro que no tiene que cumplir nada de esto?”, planteó, citando requisitos como la formación de la conductores, los derechos de los pasajeros, la inspección, las tasas de alcoholemia, los seguros o las revisiones de vehículos, todas ellas mucho más exigentes para los servicios de transporte profesional, y acusando a estas nuevas actividades –“donde los que prestan el servicio ni cotizan a la Seguridad Social ni pagan impuestos”– de “tercermundializar la economía”. La misma postura que defendió Gabriel Llobera, que apostó porque se terminara “con el modelo del todo vale” y citó casos como los conflictos entre AirBnB y el Ayuntamiento de Barcelona. Añadió que los portales de alquiler estaban ocasionando un desequilibrio de la oferta de alojamiento en Mallorca e Ibiza, donde los trabajadores de temporada no tenían vivienda para quedarse “porque todas se reservan para que las alquile el turismo residencial”. El boom ocasionado en Mallorca por las camas no reguladas ha traído consigo, añadió, serios problemas para la vida cotidiana de los mallorquines en los meses de temporada alta, al ocasionar una mayor demanda de agua, servicios y electricidad; problemas que no cabe achacar al sector hotelero, porque éste siempre ha estado al cien por cien de ocupación en esos meses, y defendió un modelo de negocio basado en la calidad frente al “basado en la cantidad, que llegue el mayor número de gente posible”.

Una regulación a medio gas

La regulación y la fiscalidad por los ingresos que genera esta nueva actividad económica -centrada sobre todo en quién debe pagar y cuánto- fueron una de las piedras de toque del debate; Sara Rodríguez declaró que las plataformas estaban poniendo en marcha iniciativas para que los participantes supieran de sus obligaciones fiscales, y Jaime Rodríguez apuntó que, de la misma manera en que Francia estaba revisando su fiscalidad correspondiente a la economía colaborativa -estableciendo obligaciones de pago a los participantes que recibieran más de una determinada cantidad al año por alquilar su casa o su vehículo- España “deberá revisar la fiscalidad de una actividad que antes ni siquiera estaba prevista”. Gabriel Llobera objetó que, si bien nadie niega que las empresas de economía colaborativa paguen sus impuestos, “no pagan por los servicios que ofrecen a través de otros. No contribuyen como contribuimos el resto de empresas”.

En todo caso, los representantes de la economía colaborativa negaron tajantemente que su actividad pudiera enclavarse en una tierra de nadie: “La economía colaborativa no es un tercer sector, de hecho la CNMC fue la primera que empezó a hablar de que esto es un cuarto sector. Las empresas son una cosa, la actividad subyacente es otra; en la actividad de las plataformas no hay ningún vacío legal”, dijo Sara Rodríguez, mientras que Jaime Rodríguez desmintió la fama de economía sumergida que a veces las acompaña: “Es difícil encontrar una plataforma más trazable que las digitales: se paga con tarjeta de crédito, todas las operaciones quedan registradas. Otra cosa es que no pueda no estar regulada, pero no es sumergida”.

Los derechos de los consumidores ocuparon también una buena parte del debate, con los representantes digitales determinando que las propias empresas trabajaban para asegurar un buen servicio entre los particulares que utilizaban sus plataformas y que, en el caso concreto de BlaBlaCar, contaban con un departamento encargado de eliminar los perfiles insatisfactorios y de evitar que volvieran a aparecer con otro nombre. De todos modos, apuntó Sara Rodríguez, “la OCU ha establecido que el derecho del consumidor no existe cuando se trata de un acuerdo entre particulares. Pero hay métodos para saber cuándo una casa o un vehículo es de un particular que lo ofrece por un precio menor, y la gente se arriesga”.

A la hora de presentar las conclusiones, el sector colaborativo reconoció todo el camino que queda por recorrer hasta establecer una regulación efectiva, así como la parte del trabajo que correspondía a las propias empresas. Las empresas tradicionales coincidieron en la necesidad de cohabitación, pero volvieron a insistir en la necesidad de equiparar ambos modelos en cuanto a exigencias y regulación. “Tal y como está hoy el marco regulatorio, entendemos que no se pueden realizar este tipo de actividades en España. No pasa nada por reconocer que las plataformas de economía colaborativa son empresas como otras cualquiera”, declaró Rafael Barbadillo.